Cuando analizamos las preferencias políticas y el devenir histórico de los venezolanos, resulta indispensable comenzar por comprender nuestra propia memoria colectiva. La llegada del Teniente Coronel Hugo Chávez Frías al poder no constituyó un hecho aislado; fue la consecuencia directa de un profundo descontento popular frente a un sistema político percibido como cerrado, excluyente y reducido a un bipartidismo que solo satisfacía a una mínima porción de la población (apenas el 7% de los ciudadanos).
Para millones de venezolanos, la alternancia en el poder entre los mismos actores políticos dejaba tras de sí una estela de desigualdad, deterioro institucional y una abrumadora deuda social. En aquel contexto, la pensión —históricamente insuficiente para garantizar una vejez digna— ya simbolizaba una herida que el país no había logrado sanar.
Aquella atmósfera de hastío también vio nacer la esperanza en figuras como Irene Sáez, una alternativa atractiva y muy querida que representaba aire fresco frente a la política tradicional. Sin embargo, el respaldo de los partidos históricos tradicionales terminó por lastrar su candidatura, alimentando la percepción de que su gestión quedaría sometida a los intereses de siempre y pulverizando su vertiginoso ascenso político. Para un electorado hastiado, la opción de Chávez representaba una ruptura mucho más contundente con el pasado. Así se abrió paso una promesa de cambio.
Cuando la esperanza se convierte en concentración de poder
En sus albores, el proceso prometió fortalecer la industria nacional, la agricultura y el aparato productivo. No obstante, con el transcurso de los años, esa expectativa mutó hacia un modelo caracterizado por la confrontación sistemática, la erosión institucional y la expansión exponencial de los peores vicios del pasado —desde el uso discrecional del avión presidencial hasta la hipertrofia de los ministerios—.
La confianza ciudadana terminó fracturada por tres grandes errores estructurales:
La tentación de la perpetuación: Las reformas constitucionales y la reelección indefinida concentraron el poder político y anularon los contrapesos democráticos. La historia nos deja una lección intransigible: ningún proyecto puede estar por encima de la alternabilidad, las instituciones y la voluntad ciudadana.
Las expropiaciones como dogma económico: Al convertir la intervención estatal en un instrumento político, se destruyó la inversión privada, la confianza y el empleo. Ningún país prospera atacando a quienes producen, sino garantizando reglas claras para invertir, trabajar y crecer.
La instrumentalización de la necesidad social: Utilizar los programas sociales, la alimentación y los beneficios públicos como herramientas de control político para premiar lealtades o castigar disidencias quebrantó el tejido moral del país. La dignidad de una familia jamás puede depender de su adhesión a un partido.
Las consecuencias de estas desviaciones son hoy una dolorosa contradicción: pensiones pulverizadas que han convertido la vejez en una condena, y servicios básicos transformados en privilegios inaccesibles.
El dilema actual y el peligro del «cheque en blanco»
Hoy, ante una nueva etapa de transición política y la esperanza que representa la figura de María Corina Machado para una inmensa mayoría de venezolanos, surge una pregunta ineludible: ¿Cómo evitar que quienes lleguen al poder terminen reproduciendo los mismos vicios que prometieron combatir?
La respuesta exige madurez cívica: la solución no reside en depositar una fe ciega en una persona, un partido o una ideología. Los venezolanos debemos asumir el rol de guardianes permanentes de las instituciones y de la democracia. Esto significa exigir transparencia, rendición de cuentas, alternabilidad y respeto absoluto a las libertades individuales.
Comprender la democracia va mucho más allá de acudir a las urnas a votar; implica vigilar, participar, cuestionar y exigir que las promesas electorales se traduzcan en resultados tangibles. Ningún liderazgo, por muy popular que sea, puede considerarse un cheque en blanco.
Hacia una economía productiva y una Nueva República
La reconstrucción de Venezuela exige recuperar la confianza en nuestras propias capacidades. Necesitamos reactivar la industria, el comercio, la ganadería, la agricultura y el emprendimiento. Se requieren empresarios que inviertan, trabajadores con remuneraciones justas, jóvenes con horizontes claros y ciudadanos que puedan forjar su futuro sin depender de la discrecionalidad de un gobernante.
Esto no significa cerrarse al mundo o a la inversión extranjera, sino entender que ningún país sobrevive si destruye su aparato productivo y se vuelve parasitario. La igualdad ante la ley debe coexistir con la libertad individual de decidir qué proyecto de vida construir, logrando que el mérito encuentre recompensa y la solidaridad proteja a los más vulnerables.
Hacer país nuevamente implica tejer desde la raíz: rescatar la cultura, la educación, la salud, los servicios públicos y la seguridad jurídica mediante un diálogo nacional inclusivo donde converjan el sector público y el privado, las universidades, los gremios y las comunidades.
Es momento de superar la polarización estéril entre izquierda y derecha. Venezuela necesita una Nueva República: una nación donde el poder tenga límites constitucionales, la economía genere prosperidad real y la justicia social se mida por la calidad de vida de la gente, y no por los discursos oficiales.
La verdadera transición no ocurre cuando una persona sustituye a otra en la silla presidencial; ocurre cuando una sociedad comprende sus errores del pasado y decide, con unidad y firmeza, no volver a repetirlos.
Ni cuarta, ni quinta, una Nueva Venezuela.
Por: José Leonardo Pinto Guerrero