En un mensaje dirigido a la nación a las 11:00 a. m. de este jueves 29 de octubre de 2026, la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció un balance integral sobre las decisiones de política exterior, economía, infraestructura energética y garantías civiles que marcarán el rumbo de la administración venezolana. El pronunciamiento, transmitido desde las instalaciones del Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica, combinó anuncios de reestructuración económica profunda con un llamado de exigencia soberana en el plano internacional.
El eje central de la alocución se concentró en la ratificación del histórico acuerdo petrolero y energético pactado con el gobierno de Estados Unidos, concretado tras la participación de Rodríguez en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y negociaciones directas con la administración del presidente Donald Trump. La mandataria detalló que el marco bilateral contempla atraer flujo masivo de inversiones para modernizar la infraestructura de hidrocarburos, precisando que a la fecha ya se han firmado 61 contratos operativos y existen otros 44 proyectos en fase activa de negociación.
Paralelamente, la mandataria abordó la contingencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Al situar la sede de su mensaje en el centro de monitoreo energético, expuso que la demanda nacional ha superado la cifra récord de los 16.400 megavatios (MW), un nivel crítico atribuido de forma directa a las extremas olas de calor que atraviesan varias regiones del país y que mantienen bajo máxima presión al parque de generación eléctrica.
En materia macroeconómica y de política laboral, Rodríguez adelantó que el próximo mes se presentarán las conclusiones del consenso alcanzado con el sector de los trabajadores, e informó que el plan fiscal estipula la aplicación de cuatro ajustes de ingresos distribuidos a lo largo del año 2027. Como complemento estructural, la ejecutiva anunció el inicio de un proceso de evaluación técnica sobre activos en manos del Estado para definir su eventual venta a capitales privados o la devolución formal a sus antiguos propietarios, marcando un viraje institucional respecto a las estatizaciones del pasado.
En el marco político y judicial, el mensaje incluyó el compromiso de revisar casos instruidos bajo la Ley contra el Odio a la luz de su reciente reforma, como paso previo a garantizar el reestablecimiento pleno de libertades civiles y acelerar la reapertura masiva de portales web e informativos que permanecían bloqueados. En esta misma línea, la presidente encargada ratificó la consolidación de un órgano electoral renovado y prometió articular mecanismos directos para garantizar un proceso de retorno voluntario, seguro y digno para los venezolanos en el exterior.
El pronunciamiento cerró con una postura firme en el ámbito financiero internacional: Rodríguez lanzó un reclamo directo al Banco de Inglaterra para exigirme el cese inmediato a las maniobras de aplazamiento y concrete la repatriación definitiva de los recursos y reservas de oro venezolanos que permanecen retenidos en sus bóvedas.
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