La vocero del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados advirtiò sobre la crítica situación socioeconómica que enfrenta el sector en el país y reiteraron la urgente necesidad de indexar las pensiones al costo de la vida para garantizar condiciones de subsistencia mínimas a esta población vulnerable.
Irma Mendoza, delegada nacional del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Jubilados y Pensionados, acompañada por integrantes de la organización regional como Sol Rangel y Luz Ordóñez, señaló durante una entrevista emitida en el espacio radial Fuera de Margen que el monto actual del salario mínimo y la pensión fija de 130 bolívares mensuales resulta insignificante ante el avance del proceso inflacionario y la devaluación de la moneda local, dejando a miles de adultos mayores sin margen para cubrir requerimientos básicos de alimentación y atención médica.
La representante del comité destacó la trayectoria de 35 años de lucha continua de la organización en favor del derecho a la seguridad social y el reconocimiento laboral. Explicó que la falta de poder adquisitivo ha forzado a un amplio sector de profesionales retirados de la administración pública a emprender actividades informales o recurrir a la venta de bienes personales como mecanismo paliativo para obtener ingresos diarios.
En relación con el panorama institucional y las negociaciones nacionales, la dirigente informó que el comité ha solicitado formalmente incorporarse a las mesas de diálogo para exponer la agenda social de los pensionados, sobrevivientes y venezolanos en el exterior. Mendoza enfatizó que la seguridad social debe ser un eje prioritario e incluyente en las conversaciones multilaterales, independientemente del debate político.
Finalmente, la delegación instó a las autoridades gubernamentales a simplificar trámites administrativos como la fe de vida para adultos mayores en el extranjero y a destinar recursos provenientes de la actividad económica nacional para establecer remuneraciones equitativas, asegurando que la protección de la vejez es un deber constitucional del Estado.
Circuito Regional de Noticias
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