La Federación de Maestros, a través de la delegada del Comité Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de los adultos mayores, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, la profesora Irma Mendoza, presentó un balance detallado sobre las condiciones socioeconómicas que enfrenta este sector de la población en el país.
Durante la exposición, la vocera detalló que la pensión mensual oficial se mantiene en 130 bolívares, un monto que, al ser calculado en divisas, equivale a aproximadamente 0,17 dólares al mes. Mendoza señaló que al distribuir esta cifra entre las tres comidas diarias que requiere una persona a lo largo de un mes, queda en evidencia la severa limitación que padecen más de 5,8 millones de jubilados y pensionados para satisfacer sus requerimientos nutricionales básicos.
En relación con los asignaciones complementarias, como el denominado bono de guerra, la representante gremial explicó la fluctuación que sufren estos montos debido a las variaciones en el tipo de cambio entre el momento en que se aprueba el pago y la fecha en que finalmente es depositado. Asimismo, hizo referencia a montos de referencia cercanos a los 926 bolívares con descuentos individuales, solicitando una revisión integral de estos mecanismos para evitar la pérdida continua de la capacidad adquisitiva.
Ante esta coyuntura, el sector planteó la incorporación formal de los docentes, adultos mayores y personas con discapacidad en las mesas de diálogo y espacios de trabajo institucionales. Entre las propuestas elevadas destacan la creación de un fondo de contingencia para la atención directa de estas poblaciones vulnerable y la fijación de una referencia salarial proyectada hacia el costo de la canasta básica, la cual fue estimada de acuerdo con reportes del Cendas en una cifra cercana a los 1.000 dólares. De igual manera, Mendoza instó a atender de forma prioritaria las condiciones de vida y garantías de derechos de las personas de la tercera edad que se encuentran en condición de privación de libertad.
Para finalizar, la portavoz enfatizó que las demandas del gremio buscan el reconocimiento efectivo a toda una trayectoria laboral y la garantía de una vida digna. Reiteró que el acceso a la alimentación, la salud y la protección social debe figurar entre las prioridades del Estado, al tiempo que insistió en la necesidad de incluir de manera permanente a estos sectores en las decisiones económicas del país.
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