Sharon Cristancho.- El sector salud y defensores de los derechos humanos entregaron este martes 2 de agosto, dos documentos ante el Ministerio Público, exponiendo diversas causas entre ellas la precariedad en que se encuentran los centros asistenciales del estado y la situación laboral de sus trabajadores.
“Estamos atravesando una deficiencia en todos los hospitales, tenemos una situación particular en estos momentos y se debe a la falta de vacunas BCG para los recién nacidos”, aseveró Carlos Casal, presidente del Colegio de Médicos de Portuguesa.
Señaló que el Hospital Jesús María Casal Ramos de Acarigua y Araure, se encuentra desabastecido y la nueva área de emergencia no cumple con las normas, puesto que los carros de primeros auxilios no caben entre los pasillos.
“Felicito a la ingeniero que calculó todo eso, porque no conoce de las normas sobre una emergencia de hospital”, dijo.
Durante la actividad el gremio de docentes también acompañó al personal de salud, ya que los maestros no cuentan con HCM y el sueldo “es miserable”.
Casal informó que acudirán nuevamente el próximo lunes a la fiscalía del Ministerio Público, para ver si hay alguna respuesta ante estos casos. De no ser así planearán asambleas con todo el gremio de salud, para tomar nuevas decisiones.
Por su parte Roland García, director ejecutivo de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), también consignó un documento ante el Ministerio Público, por la “criminalización en contra de gremios, sindicatos y ONG que defienden y promueven los derechos humanos”.
“Se ha vulnerado el derecho a la manifestación pacífica consagrado en el artículo 68 de la constitución, entendiendo que nuestra actividad es pública y es algo que como organizaciones de derechos humanos tenemos que reivindicar”, señaló.
García exigió el pronunciamiento del Ministerio Público y pidió la liberación de las personas que se encuentran detenidas “arbitrariamente” por defender y promover los derechos humanos, “en un contexto no democrático”.
Aseguró que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo “ha hecho caso omiso”, a las solicitudes presentadas, “pero sabemos que es una instancia a la que debe acudirse antes de ir a otros organismos nacionales”.


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