Sharon Cristancho.- Un aproximado de 200 familias de la urbanización La Virginia de Acarigua, se ven afectadas ante la cobranza de 2.500 dólares por la casa en la que habitan, tras haberla adquirido sin permiso del Estado.
“Ellos temen que se las vayan a quitar, aunque el Estado venezolano a través del personal del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), haya informado que eso no va a pasar”, dijo Pedro Urazma, representante de asuntos civiles y vivienda del urbanismo.
Según indicó el referido cobro es una especie de “penalidad” hacia los habitantes, tras no haber pasado el proceso de admisión.
“Pero como en ningún momento las personas invadieron la vivienda tienen una especie de derechos”, detalló.
Agregó que el Estado reconoce esa realidad y los está penando con dicho pago por no haber realizado el proceso correspondiente.
Explicó que dentro de la urbanización hay personas de clase obrera, quienes no cuentan con el dinero, por lo que harán solicitudes para llegar a una negociación.
“Se está solicitando legalmente llegar a una mesa de negociación, para que sea revaluado ese monto porque se debe hacer un estudio real de lo que tiene cada urbanización”, concluyó Urazma.
Es de resaltar que el debido proceso para adquirir las viviendas no fue realizado por los anteriores dueños, pero el problema pasó a mano de aquellos que habitan actualmente las casas, tras haberla comprado con dicha situación.
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