CRN.- Las expectativas para la cumbre eran altas. Durante semanas, el gobierno colombiano había promocionado el encuentro, fijado para el martes 25 de abril en la sede de la Cancillería en Bogotá, de las delegaciones del gobierno y la oposición de Venezuela junto con las de más de 10 países.
Se trataba, según dejaba entrever la administración de Gustavo Petro, de la reactivación de las negociaciones congeladas cinco meses atrás en la mesa de diálogo instaurada en Ciudad de México.
El pasado 26 de noviembre en la capital mexicana, los opositores de Nicolás Maduro (integrados en la llamada Plataforma Unitaria) habían acordado con el régimen la creación de un fondo de inversión para permitir la importación de alimentos, medicinas y equipo hospitalario a Venezuela, el cual sería administrado por un comité mixto y las Naciones Unidas. El dinero provendría de las cuentas internacionales congeladas.
Sin embargo, la activación del fondo quedó en veremos, pues Estados Unidos, que controla gran parte de esos recursos, esperaba señales claras de Caracas para la definición de un cronograma electoral. Pero, a su vez, Maduro exigía el desmonte de las sanciones económicas a su gobierno, para definir dicho calendario. De ahí que la cumbre de Bogotá estaba llamada a desatascar el proceso.
Las expectativas giraban en torno al papel del presidente Petro, quien había mantenido encuentros previos con Maduro y, días antes de la cumbre, estuvo en la Casa Blanca hablando con su homólogo estadounidense, Joe Biden.
Parecía claro que el mandatario colombiano había obtenido Biden el suficiente respaldo para garantizar el éxito de la reunión de Bogotá y anotarse un triunfo.
El jueves 20 de abril, al término del encuentro en la oficina Oval, Petro lucía optimista. En diálogo con los periodistas que cubrían su visita a Washington, aseguró que la cumbre buscaría establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos de Venezuela.
Pero, al término del encuentro en Bogotá, no hubo siquiera un asomo de avance. El canciller Álvaro Leyva leyó, en solitario, una declaración que repetía básicamente lo mismo que había sido mencionado cinco meses atrás en México.
En palabras de Leyva, las partes estaban de acuerdo con trabajar un cronograma para elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, lo cual iría en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. Los mismos objetivos por alcanzar desde hace meses, pero nada concreto.
Luego del encuentro en Bogotá, no quedó ninguna fecha definida para el cronograma electoral ni para el inicio del levantamiento de sanciones. No hubo siquiera una declaración conjunta de las partes. Y en cuanto al fondo de inversión social, apenas fue mencionado. El acuerdo de mínimos del que habló Petro nunca apareció.
Se cumplió así el mal augurio que asomó un día antes cuando Juan Guaidó, el expresidente interino de Venezuela reconocido durante casi cuatro años por más de 50 países, atravesó la frontera hacia Colombia para, según él, escapar de una detención inminente.
El gobierno de Petro procedió a enviarlo a Miami, tras concertar ese paso con Estados Unidos, al acusarlo de querer sabotear la cumbre. Terminada la reunión, quedó claro que no hacía falta sabotaje para que el evento fracasara.
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Informaciòn: GDA