CRN.- El esfuerzo acelerado y agresivo del gobierno de Trump para impulsar su agenda migratoria ha expuesto los desafíos existentes con un sistema anticuado y suscitó la preocupación de que las autoridades estén violando el debido proceso para imponer las deportaciones.
Desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump y su equipo tomaron medidas extraordinarias para acabar con la inmigración, incluyendo la invocación de una autoridad poco utilizada en tiempos de guerra, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que ha enfrentado al gobierno con un juez federal y provocó una reacción negativa de la gente.
Mientras tanto, el gobierno de Trump ha cometido múltiples errores en las últimas semanas, incluyendo la deportación errónea de un salvadoreño cuyo caso se escuchará en un tribunal federal el viernes. Los errores persistieron a pesar de que los agentes federales aseguraron que investigaban cuidadosamente a cada persona antes de enviarla en vuelos a una prisión de mala reputación en El Salvador.
El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, ha sostenido repetidamente que las autoridades actuaron con la debida diligencia para recabar información que justifique la expulsión de los migrantes que están deportando, especialmente de las pandillas latinoamericanas MS-13 o Tren de Aragua.
Después de que cientos de presuntos pandilleros fueran trasladados en avión a El Salvador el mes pasado, posiblemente violando una orden judicial, Homan declaró en una entrevista con ABC que “todos” los migrantes pertenecían a alguna de las pandillas “según la información” que le fue proporcionada “desde el terreno”.
“Muchos pandilleros no tienen antecedentes penales, como muchos terroristas en este mundo”, declaró Homan. “Tenemos que confiar en las redes sociales, en las técnicas de vigilancia y en las declaraciones juradas de otros pandilleros”.
Varios detenidos en esos vuelos fueron finalmente devueltos a Estados Unidos porque la prisión salvadoreña no los aceptó una vez que aterrizaron.
En la batalla judicial sobre las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, Robert Cerna, un alto funcionario de Inmigración y Aduanas, defendió el proceso de identificación de miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua (TdA).
“El personal de la agencia investigó cuidadosamente a cada extranjero para garantizar que fueran miembros de TdA”, escribió Cerna en una declaración. “Oficiales y agentes con amplio conocimiento de la actividad pandillera en general y de TdA en particular revisaron la información recopilada sobre cada extranjero, identificando a los miembros de TdA con base en los resultados de las técnicas de investigación y la información disponible”.
Sin embargo, Cerna también escribió que Estados Unidos tiene poca información específica sobre los detenidos que cree que son miembros de la pandilla Tren de Aragua.
“La falta de información específica sobre cada individuo resalta el riesgo que representan. Demuestra que son terroristas y carecemos de un perfil completo”, declaró el funcionario de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La ofensiva migratoria volvió a ser noticia nacional esta semana, cuando el gobierno admitió que no debió haber deportado a Kilmar Armando Ábrego García, ciudadano salvadoreño residente en Maryland, a la infame megaprisión de su país de origen, a pesar de haber recibido un estatus de protección que debería haber impedido su deportación.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la deportación del hombre como un “error administrativo”.
También esta semana, un juez de Texas determinó que un hombre fue detenido injustamente por las autoridades migratorias, tras evitar por poco ser embarcado en uno de esos vuelos de deportación a El Salvador. El juez ordenó la liberación inmediata de Gil Rojas, ciudadano venezolano cuyos abogados habían obtenido una orden judicial que lo mantenía en Estados Unidos justo antes de que la serie de vuelos despegara a mediados de marzo.
CNN Español