El enfoque pragmático impulsado por Washington busca reactivar sectores clave de la economía venezolana, mientras desplaza los debates ideológicos tradicionales tanto del oficialismo como de la oposición
En un análisis sobre el rumbo de las relaciones geopolíticas entre Washington y Caracas, el politólogo Doriam González afirmó que la Casa Blanca —bajo la administración de Donald Trump— está priorizando una estrategia basada en la restitución económica y corporativa, colocando los intereses comerciales por encima de las tradicionales disputas ideológicas que han caracterizado la política venezolana.
A diferencia del modelo histórico del chavismo, que ha antepuesto lo político a la dinámica económica, la estrategia estadounidense plantea intervenir directamente sobre la estructura económica venezolana para lograr la estabilidad. Según González, esta dinámica busca crear las condiciones para reactivar sectores económicos estratégicos que responden a los intereses de la gestión gubernamental en Washington, abriendo posteriormente el paso a otros rubros de la economía nacional.
Para que la estabilización económica sea viable, González señala que resulta fundamental sincerar el esquema de dolarización en el país. El politólogo explica que actualmente existe una distorsión operativa dado que, mientras las importaciones se realizan en dólares, la comercialización interna se calcula a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
En el ámbito institucional, González sostiene que la hiperfragmentación actual, con más de sesenta organizaciones políticas registradas, dificulta la gobernabilidad y el alcance de acuerdos sostenibles.
La lectura prospectiva plantea que el escenario inicial tenderá a la participación concentrada de dos grandes actores: la representación institucional del Ejecutivo, encabezada por los hermanos Rodríguez, y la Mesa de la Unidad. Este movimiento serviría como punto de partida para la eventual conformación de un sistema tripartidista que reduzca las distorsiones electorales ante el CNE y promueva discusiones políticas sanas entre partidos, sin la constante injerencia del Estado.
El analista advierte que aquellos actores que no logren adaptarse a esta visión pragmática quedarán al margen de las decisiones principales. Por un lado, las corrientes ideologizadas del oficialismo que mantienen posturas doctrinarias frente a las ejecutorias del Gabinete quedarán confinadas al plano de la narrativa ideológica para preservar el legado de Chávez, perdiendo peso en las negociaciones reales.
Por otro lado, liderazgos opositores como el de María Corina Machado han expresado su desacuerdo con este enfoque, aunque sin romper frontalmente con las negociaciones. No obstante, los grupos que permanezcan al margen de esta lógica corporativa quedarán relegados a realizar denuncias y reclamos sin incidencia real en la toma de decisiones.
González destaca que la claridad definitiva de este panorama dependerá directamente del resultado de los procesos electorales en Estados Unidos. De mantenerse la hegemonía republicana y el control del Senado por parte de Donald Trump, se le dará continuidad estricta a la política pragmática de negocios e intereses estratégicos corporativos.
Sin embargo, en un escenario donde el Partido Demócrata logre un mayor peso legislativo, actores de la oposición tradicional vinculados a esa corriente, tales como Voluntad Popular, Primero Justicia o Un Nuevo Tiempo, recuperarían relevancia política en la arena venezolana. A pesar de estas variaciones partidistas en Washington, González aclara que ambos sectores en Estados Unidos coinciden en el objetivo final de promover condiciones electorales libres que permitan canalizar la estabilidad del país.
Finalmente, respecto a las recientes posturas de la administración venezolana de retirarse de instancias multilaterales como la Corte Internacional, el politólogo las define como banderas de opinión pública para generar presión mediática en medio de la negociación en curso.
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