El sector salud en Venezuela enfrenta un severo deterioro de sus condiciones laborales y asistenciales, marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la falta de respuestas institucionales y un déficit de personal de enfermería que se ubica entre el 60 % y el 70 % a nivel nacional. La advertencia fue realizada por Ana María Velázquez, presidenta de la Federación de Colegio de Profesionales de la Enfermería de Venezuela, durante su participación en el programa Enfoque, conducido por José Leonardo Pinto Guerrero. La dirigente denunció el incumplimiento del artículo 91 de la Constitución, el cual garantiza un salario suficiente para vivir con dignidad, frente a una canasta básica estimada entre 750 y 780 dólares mensuales que no incluye gastos médicos ni educativos. Ante esta realidad, el gremio propone que, al tomar como base el costo de la canasta y sumar los incentivos por antigüedad, profesionalización y turnos nocturnos, el ingreso mensual del personal debería situarse entre 1.500 y 2.000 dólares.
La dirigente cuestionó que el salario básico se mantenga en 130 bolívares para los pensionados y en 249 bolívares para las enfermeras, al tiempo que criticó la clasificación en las categorías P1, P2 y P3 por no reconocer adecuadamente las especialidades, doctorados, antigüedad y méritos profesionales. Respecto a las bonificaciones, explicó que el denominado bono integral de 240 dólares, pagado en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, no se incorpora al salario para el cálculo de beneficios como vacaciones, prestaciones y aguinaldos. Esta situación provoca que un pensionado reciba apenas 390 bolívares por tres meses de bonificación de fin de año, mientras que profesionales con 35 o 40 años de servicio estiman que cobrarían alrededor de 2.000 bolívares bajo el esquema actual. Asimismo, señaló la falta de claridad y el carácter excluyente del bono de responsabilidad y profesionalización hacia los jubilados, sumado a los descuentos por comisiones bancarias y las fallas en la plataforma Patria, donde no se han restituido pagos retenidos por suspensiones administrativas injustificadas.
La escasez de personal ha impactado directamente la operatividad hospitalaria y la calidad de la atención al paciente. Velázquez ejemplificó la crisis con el caso del Hospital Dr. Jesús María Casal Ramos, cuyos quirófanos no pueden funcionar las 24 horas por falta de trabajadores. Explicó que la baja remuneración ha desestimulado el interés por carreras como enfermería, medicina y docencia, impulsando a muchos profesionales a emigrar o a dedicarse al comercio informal, la repostería y otros emprendimientos. Esta deserción genera una sobrecarga laboral en la que una sola enfermera debe atender entre 40 y 50 pacientes en una sala, cuando la proporción de referencia es de una profesional por cada cinco personas. Las funciones afectadas abarcan tareas esenciales como la administración de medicamentos, la higiene y el seguimiento continuo de cada hospitalizado.
A la falta de personal se suma el deterioro de los centros sanitarios y la devaluación de los beneficios de las convenciones colectivas, como las primas por hijos, juguetes, medicinas y servicios funerarios, cuyos montos resultan insuficientes frente a los costos actuales, provocando que los trabajadores gasten más en trámites y copias que en lo que reciben. Ante la escasez de insumos y equipos, los profesionales y familiares deben recurrir a rifas y colaboraciones para costear medicamentos, inyectadoras y exámenes, representando un gasto de al menos 300 dólares por intervención médica para las familias. La dirigente ilustró los riesgos de esta precariedad al mencionar el uso de bolsas plásticas por falta de guantes y el caso de un recién nacido accidentado en Barinas debido a deficiencias en una incubadora y la improvisación de fuentes de calor, condiciones que colocan al personal médico y de enfermería ante un dilema ético al tener que prestar atención sin los recursos mínimos para garantizar la seguridad del paciente.
Frente a este panorama, el gremio ha emprendido diversas acciones institucionales sin obtener respuesta hasta el momento. Durante una movilización hacia el Palacio de Miraflores, los trabajadores entregaron 55.000 firmas junto con un petitorio exigiendo la revisión de las tablas salariales, la discusión de las convenciones colectivas y la liberación del salario, responsabilizando directamente a la presidente encargada, Delcy Rodríguez, de dar contestación a sus demandas. Además, han consignado documentos ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público y una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia por el tema salarial y de bonificaciones.
Velázquez rechazó la mesa de consenso laboral integrada por el Gobierno, Fedecámaras y ciertas centrales sindicales, al remarcar que las 16 organizaciones nacionales del sector salud y el intergremial de trabajadores no han sido convocados ni consultados. Manifestó también preocupación por los rumores sobre posibles reformas a las prestaciones sociales, recordando que cualquier modificación legal debe respetar los canales normativos.
Finalmente, la representación sindical anunció que mantendrá las movilizaciones en todo el país para exigir reivindicaciones salariales y claridad sobre las bonificaciones de fin de año. A la espera de los anuncios previstos para el 1 de noviembre, el sector convocó a una asamblea intersectorial el próximo 3 de noviembre en Caracas para coordinar acciones junto a otros gremios de la administración pública. Velázquez señaló que, aunque la percepción de persecución durante las protestas ha disminuido tras los acontecimientos del 3 de enero, las demandas centrales continúan desatendidas. La vocera concluyó ratificando la unidad y determinación de los trabajadores de la salud para continuar la lucha por mejoras laborales, insistiendo en que atender sus solicitudes es indispensable para preservar la paz laboral en el país.
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