Las autoridades de la Sindicatura Procuraduría y de la Dirección de Control Urbano y Catastro del municipio Páez iniciaron un proceso de revisión sobre la propiedad de la tierra, la utilización de lotes sin desarrollar y el ordenamiento territorial en Acarigua, con el propósito de optimizar el uso de los espacios públicos y privados de la jurisdicción.
Durante una intervención en el Circuito Regional de Noticias, la síndico procurador, Yorli Mendoza, detalló que el organismo a su cargo mantiene la responsabilidad de salvaguardar el patrimonio municipal, ejercer la representación jurídica de la entidad y brindar asesoría legal a los órganos locales y a la ciudadanía, priorizando la conciliación como vía de resolución de controversias cuando no resulte comprometido el erario público.
En lo relativo a la enajenación de ejidos y terrenos municipales, Mendoza precisó que la adquisición de estos inmuebles está supeditada al desarrollo de proyectos con función social, en estricto apego a la ordenanza de zonificación vigente. Indicó que en aquellos casos donde existen bienhechurías, los interesados deben formalizar la documentación probatoria. Asimismo, explicó que la tramitación requiere la intervención de Catastro, Contraloría, el Consejo Local de Planificación Pública, el Concejo Municipal y la Sindicatura, requiriéndose finalmente la autorización de la Alcaldía. En relación con las solicitudes de desafectación de terrenos, señaló que los plazos de respuesta oscilan entre ocho días para la revisión administrativa y hasta un mes en el seno del cuerpo legislativo local, debido al requisito de doble discusión parlamentaria.
En el marco de esta evaluación, las dependencias locales extendieron el seguimiento a las parcelas de propiedad privada que permanecen desocupadas o sin mantenimiento. Al respecto, la Directora de Control Urbano y Catastro, Katherine Clemente, manifestó que las inspecciones buscan verificar las condiciones físicas de los inmuebles y exhortar a los propietarios a mantenerlos limpios y cercados, garantizando las prerrogativas del debido proceso y el derecho a la defensa.
Mendoza acotó que la ordenanza municipal concede un lapso máximo de tres años para la ejecución de proyectos en terrenos adjudicados; vencido este plazo sin que se hayan desarrollado las obras correspondientes, la municipalidad activará los mecanismos legales de revisión.
Paralelamente, Clemente expuso la necesidad de actualizar el Plan de Desarrollo Urbano Local (PEDUL), instrumento de planificación cuya estructura original se remonta al año 1982. La funcionaria argumentó que la expansión demográfica y comercial de Acarigua sobrepasó las estimaciones de la época, reconfigurando sectores residenciales, comerciales, industriales y agrícolas. Los estudios técnicos en curso ponderan el alcance de las redes de servicios públicos y la redefinición de polígonos urbanos sobre áreas anteriormente catalogadas como rurales.
Por otra parte, la agenda institucional contempla la reorganización de la actividad comercial en el casco central de la ciudad. La Sindicatura municipal confirmó la titularidad del Municipio sobre el terreno e instalaciones del Mercado Municipal, bien adjudicado en su momento a través del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (FOGADE), informando que evalúan la disponibilidad de locales para fomentar nuevas inversiones.
Respecto al comercio informal, la Dirección de Control Urbano ratificó la aplicación de permisos temporales con vigencia fijada hasta el próximo 31 de diciembre. Esta regulación restringe la dimensión de los puestos a un área máxima de dos por dos metros, establece horarios específicos de permanencia, obliga al mantenimiento de la higiene en los puestos e impone un día de parada semanal para la limpieza general del sector. Ambas representaciones institucionales reiteraron la disposición de avanzar de manera coordinada con el sector comercial para concretar la formalización de las actividades económicas en la localidad.
Circuito Regional de Noticias
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Asistencia, Mysel Camacaro
