Sindicatos y trabajadores de la administración pública en el estado Portuguesa se concentraron en la Redoma Mamanico de Acarigua para exigir al Gobierno nacional un ajuste salarial inmediato y la restitución de sus reivindicaciones laborales.
La manifestación, que reunió a personal activo y jubilado de los sectores salud, educación y universitario, formó parte de una jornada nacional de protesta orientada a presionar por respuestas concretas ante el deterioro progresivo del poder adquisitivo.
Durante la actividad, la presidenta de la Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería de Venezuela, Ana María Velázquez, expuso las prioridades del sector y enfatizó la urgencia de reestructurar los ingresos de los empleados públicos. La vocera gremial hizo un llamado directo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez, para que atienda las condiciones socioeconómicas de la clase trabajadora e instó a tomar medidas sobre el sueldo mínimo, el cual permanece estancado en 130 bolívares desde el año 2022.
Entre las demandas centrales expuestas por los manifestantes destaca la solicitud de que el cálculo de la bonificación de fin de año se realice sobre la base del bono integral y no del salario tabular congelado. De igual forma, los representantes gremiales reclamaron la revisión de las tablas salariales vigentes y la restitución del pago de las primas de responsabilidad y profesionalización, exigiendo que dichos beneficios sean reconocidos para la totalidad de la nómina, sin establecer discriminaciones entre el personal activo y el jubilado.
La jornada concluyó con el anuncio de una hoja de ruta que mantendrá la agenda de protesta activa en los próximos días. La dirigencia sindical informó que el próximo 3 de noviembre se llevará a cabo una asamblea intersectorial en la ciudad de Caracas para discutir y definir el plan de acción a escala nacional.
No obstante, precisaron que el alcance de las medidas que se acuerden en dicho encuentro estará condicionado por los anuncios económicos que emita la presidenta encargada el 1 de noviembre, fecha límite en la que los trabajadores esperan respuesta a sus peticiones.
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