La Federación del Colegio Nacional de Profesionales de la Enfermería ha puesto en marcha un “firmazo” a escala nacional con el fin de elevar una serie de exigencias laborales y socioeconómicas dirigidas al Ejecutivo nacional. La iniciativa, iniciada este 30 de septiembre y fijada hasta el próximo 6 de octubre, busca movilizar al personal activo y jubilado del sector salud para respaldar un documento oficial que será formalmente consignado el 13 de octubre ante las autoridades nacionales, en una petición orientada al cumplimiento de los derechos constitucionales a la salud y a un salario digno.
El pronunciamiento principal fue ofrecido desde la sede de la Federación Venezolana de Maestros en Acarigua por Ana María Velázquez, presidenta de la federación nacional, quien precisó que la demanda central del gremio es que la bonificación de fin de año sea calculada con base en el salario integral mensual. Asimismo, la vocera enfatizó la necesidad urgente de corregir las irregularidades en el pago de los profesionales que laboran en dos instituciones públicas, a quienes el sistema Patria actualmente les cancela un único sueldo, omitiendo la remuneración independiente que corresponde por cada puesto ejercido.
La dirigencia gremial hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad que atraviesa el personal de la salud, haciendo especial referencia a las enfermeras jubiladas con patologías crónicas. Según argumentaron, los ingresos actuales resultan insuficientes para la adquisición de medicamentos e insumos básicos, al considerar que una pensión fijada en 130 bolívares imposibilita hacer frente a los costos del tratamiento médico y al costo de vida actual.
A esta jornada de recolección de firmas se han sumado diversas regiones del país, incluyendo la representación de las ciudades de Acarigua y Araure en el estado Portuguesa. Desde la oficina gremial del Hospital Dr. Jesús María Casal Ramos, Heriberto Delgado, vicepresidente del colegio regional, confirmó la participación de la sede local e incorporó a los reclamos la garantía de un bono de responsabilidad social que sea distribuido de forma equitativa y sin discriminación entre todos los trabajadores del sector.
La entrega del pliego petitorio del próximo 13 de octubre estará fundamentada en la exigencia del estricto cumplimiento de los artículos 84 y 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativos al derecho a la salud pública y a la garantía de un salario suficiente que permita vivir con dignidad.
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