CRN.- La presidente de la Cámara de Comercio e Industria Acarigua-Araure, Gioconda Rivas, manifiesta su «preocupación ante el silencio de la Doctora Ana Carlota Morillo, Registradora Mercantil Segunda del Estado Portuguesa, a la solicitud de reunirnos a efectos de los múltiples reclamos y denuncias de nuestros agremiados en torno al retraso de los trámites pertinentes, y a los montos mínimos de capital que estarían exigiendo en ese registro, que en nada se compaginan con la legalidad vigente ni con las condiciones que les imponen para dichos trámites a las empresas domiciliadas en Guanare y otros estados vecinos».
Al hacer esa comparación -alega Rivas- resulta más que evidente la imposición de cifras por parte de la Registradora Mercantil Segunda del Estado Portuguesa, quien en la supuesta aplicación de las directrices del SAREN (las cuales no están publicadas) se ha dado a la tarea de rechazar trámites, porque a su juicio los capitales son insuficientes. Es preciso enfatizar que tales criterios se encuentran bastante apartados de los resultados financieros de la mayoría de las empresas y comercios que intentan hacer dichas gestiones, con informes avalados por al menos dos profesionales de la contaduría, el contador de la empresa y el comisario, y es éste último a quien corresponde la recomendación del aumento de capital.
Asegura la presidenta de la CCIAA que «es inaceptable que se impongan cifras caprichosas, para nada cónsonas con el flujo de caja de las empresas y comercios que vienen de afrontar los embates económicos de una pandemia».
Mientras el gobierno nacional hace esfuerzos para automatizar los servicios -asegura Rivas-, en el Registro Mercantil se exige, para la culminación del trámite, la presencia de todos los accionistas para proceder a firmar la planilla de origen de los fondos delante de la registradora. Cabe preguntarse de qué sirve realizar un registro de firma electrónica y de que se automaticen los trámites, cuando en instituciones públicas, como el Registro Mercantil II, se desconoce la legislación y el derecho de los usuarios.
Todos estos inconvenientes -remata- estimulan al comerciante a emigrar al sector informal de la economía.
Información: CCIAA
Estas instituciones publicas en vez de incentivar y publicar lo q esta establecido en tablas de tabulaciones de costos para cada tramite en UT no lo publican porque?… eso debe estar en su cartelera informatica al público en general. Por tal motivo llevan alas empresas a la informalidad a que juegan a destruir aun mas la economia de un Estado de un Pais por favor….Un pais avanza es con trabajo …
Es importante además destacar, que el funcionario competente para indicar el aumento de capital de un sociedad mercantil es el contador público y por ende con aval del informe del Comisario, dada la naturaleza y razón de ser de los estados financieros, en este sentido, aumentar el capital a capricho o bajo la discrecionalidad de un funcionario público como lo es el registrador mercantil traería como consecuencia: 1.) situación irreal de la realidad financiera de la empresa. 2.) ¿Cómo justificaría los accionistas un aumento de capital que no se corresponde con las NIC generalmente aceptadas? 3.) Si la empresa no tiene capacidad financiera para el aumento de capital requerido por el funcionario registrador y de hacerlo, ¿esto no Pone incluso en entredicho la actuación del Contador y Comisario?, incluso habría que preguntarse ¿y de donde saco los fondos X empresa para este capital? , de aumentar el capital desproporcionadamente, sin un fundamento contable debidamente aceptado, pudiera contribuir a que se configure e institucionalizando la ilicitud y el fraude, solo para complacer requerimientos que no tienen argumentación por parte del funcionario que lo requiere… Si bien es cierto, desde el punto de vista contable-financiero, el aumento de capital es necesario, más aun cuando en el año 2021 hubo una nueva reconversión a la moneda; pero ese AUMENTO DE CAPITAL DEBE CORRESPONDERSE CON LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE INDIQUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NO CON EL REQUERIDO A CAPRICHO DE UN FUNCIONARIO … toda actuación (tanto en sede administrativa como ante el órgano jurisdiccional) debe estar sujeta al principio de legalidad, y los abogados debemos ser garantes de ello.